Gestión de infraestructura de telecomunicaciones en Colombia

Gestión de infraestructura de telecomunicaciones en propiedades horizontales y entidades públicas 

El crecimiento de los servicios digitales y la necesidad de contar con conexiones rápidas y confiables han convertido la gestión de infraestructura de telecomunicaciones en una tarea esencial para las propiedades horizontales y las entidades públicas de Colombia. 

Las redes internas, la fibra óptica, las antenas, los sistemas de comunicación y los equipos de seguridad permiten realizar actividades que actualmente forman parte de la vida cotidiana, como el trabajo remoto, la educación virtual, los trámites digitales, las videollamadas y el acceso a servicios de emergencia. 

En una copropiedad, una infraestructura correctamente administrada influye en la calidad de los servicios que reciben residentes, propietarios y visitantes. 

En una entidad pública, resulta necesaria para prestar servicios, proteger información, mantener la continuidad operativa y facilitar la relación entre la ciudadanía y el Estado. 

Además, algunas copropiedades, entidades o propietarios reciben un canon de arrendamiento por permitir que una empresa operadora utilice parte de una azotea, edificio o terreno para instalar infraestructura de telecomunicaciones. 

Cuando existe un contrato vigente, sus derechos económicos pueden evaluarse como un activo. El propietario puede mantener los pagos periódicos o estudiar la posibilidad de recibir capital mediante un pago único. 

La conectividad como servicio esencial 

Las redes de telecomunicaciones permiten acceder a servicios que dependen cada vez más de la transmisión constante de información. 

Entre ellos se encuentran: 

• Educación virtual. 

• Telemedicina. 

• Servicios financieros. 

• Comercio electrónico. 

• Sistemas de seguridad. 

• Trabajo remoto. 

• Trámites públicos. 

• Gestión de emergencias. 

• Comunicación entre entidades. 

• Plataformas empresariales. 

La Política de Gobierno Digital de Colombia busca fortalecer la relación entre la ciudadanía y el Estado mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Su objetivo incluye mejorar la prestación de servicios públicos y generar confianza en las instituciones. 

Esta transformación requiere infraestructura estable, segura y preparada para responder a una demanda creciente. 

Propiedades horizontales e infraestructura de telecomunicaciones 

En Colombia, los edificios y conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal administran bienes privados y áreas comunes. 

La infraestructura de telecomunicaciones puede incluir elementos como: 

• Cuartos técnicos. 

• Ductos y canalizaciones. 

• Cableado interno. 

• Fibra óptica. 

• Sistemas de televisión. 

• Puntos de distribución. 

• Antenas instaladas en áreas comunes. 

• Equipos de energía y respaldo. 

• Redes para cámaras y controles de acceso. 

El Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones —RITEL— establece requisitos para la infraestructura soporte y las redes internas de telecomunicaciones de determinadas edificaciones nuevas sometidas al régimen de propiedad horizontal. 

La CRC actualizó este reglamento en 2025. La nueva versión mantiene principios como la posibilidad de que varios operadores accedan a las redes internas y que los residentes puedan elegir entre diferentes proveedores. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de julio de 2026. 

No obstante, RITEL no regula directamente todos los contratos de antenas instaladas en azoteas o terrenos. Su aplicación depende del tipo, uso y fecha de licencia del inmueble. 

Uso económico de los bienes comunes 

Una propiedad horizontal puede realizar determinados actos jurídicos relacionados con la explotación económica de los bienes comunes, siempre que se respeten la Ley 675 de 2001, su reglamento y las decisiones de los órganos competentes. 

El Decreto 1060 de 2009 reconoce que los actos realizados sobre bienes comunes pueden generar contraprestaciones destinadas al pago de expensas comunes y a la conservación, seguridad, funcionamiento y correcta administración del edificio o conjunto. 

Por esta razón, un contrato para utilizar parte de una cubierta, terraza o terreno común debe revisarse considerando: 

• La autorización correspondiente. 

• El reglamento de propiedad horizontal. 

• Las funciones del administrador. 

• Las facultades de la asamblea general. 

• El espacio que será ocupado. 

• La duración del contrato. 

• El destino de los ingresos. 

• Las obligaciones tributarias y contables. 

• Las condiciones de acceso. 

• Las responsabilidades por daños. 

No debería asumirse que el administrador puede firmar, modificar o transferir cualquier contrato sin verificar previamente sus facultades. 

Contratos de antenas como alternativa de capital 

Una copropiedad o propietario puede recibir cánones mensuales, trimestrales, semestrales o anuales por permitir el uso de un espacio para infraestructura móvil. 

Estos ingresos pueden destinarse, según las decisiones y reglas aplicables, a objetivos como: 

• Reparación de fachadas. 

• Impermeabilización de cubiertas. 

• Modernización de ascensores. 

• Mejoramiento de zonas comunes. 

• Sistemas de seguridad. 

• Eficiencia energética. 

• Reducción de obligaciones. 

• Fondos para obras futuras. 

Telecom Infrastructure Partners ofrece a propietarios y administradores la posibilidad de evaluar los ingresos futuros de determinados contratos de telecomunicaciones y convertirlos en un pago único. 

TIP revisa el acuerdo y, cuando cumple los criterios necesarios, presenta una propuesta sin compromiso. El capital puede ser utilizado por el propietario de acuerdo con sus objetivos y con las normas que resulten aplicables. 

En el caso de una propiedad horizontal, la aceptación de una propuesta deberá cumplir el reglamento, las autorizaciones internas y las decisiones de la asamblea cuando correspondan. 

Para una entidad pública, cualquier operación también debe someterse a la regulación presupuestal, contractual, patrimonial y contable aplicable. Por esta razón, su viabilidad requiere un análisis jurídico institucional específico. 

Retos de la gestión de infraestructura de telecomunicaciones 

1. Ampliación y modernización de las redes 

El número de dispositivos conectados continúa aumentando. Los hogares, empresas y entidades utilizan celulares, computadores, cámaras, sensores, controles de acceso y dispositivos de Internet de las cosas. 

Al mismo tiempo, la expansión de la fibra óptica y el 5G exige edificios y espacios preparados para recibir nuevos equipos. 

En 2026, MinTIC informó que la cobertura de 5G ya se encontraba presente en 148 municipios del país. El crecimiento de las conexiones rurales también formaba parte de los avances del programa nacional de conectividad. 

La modernización puede incluir: 

• Nuevos ductos. 

• Sustitución de cableado. 

• Ampliación de cuartos técnicos. 

• Instalación de fibra. 

• Modernización de antenas. 

• Sistemas eléctricos adicionales. 

• Equipos para redes 5G. 

• Mayor capacidad de respaldo. 

• Sistemas de monitoreo. 

Sin embargo, estas obras deben planificarse para reducir las interrupciones y proteger la seguridad del inmueble. 

Planificación antes de modernizar 

Antes de ejecutar una intervención conviene analizar: 

• La infraestructura existente. 

• La demanda actual. 

• El crecimiento esperado. 

• La capacidad eléctrica. 

• Los espacios disponibles. 

• Las rutas de cableado. 

• Los riesgos estructurales. 

• Las normas aplicables. 

• Los costos de mantenimiento. 

• La compatibilidad con futuras tecnologías. 

Una modernización no debería limitarse a reemplazar equipos antiguos. También debe evaluar si la nueva solución puede ampliarse, mantenerse y protegerse adecuadamente. 

Coordinación de obras y accesos 

En propiedades horizontales, una obra puede afectar a residentes, visitantes y trabajadores. 

Por esta razón, resulta conveniente establecer: 

• Fechas y horarios. 

• Rutas de ingreso. 

• Identificación de técnicos. 

• Protección de las zonas comunes. 

• Procedimientos para cortes temporales. 

• Responsabilidad por daños. 

• Limpieza al finalizar los trabajos. 

• Comunicación anticipada con los residentes. 

En las entidades públicas también deben considerarse la continuidad de los servicios, la atención al ciudadano y la protección de áreas restringidas. 

2. Seguridad de la información 

El crecimiento de la infraestructura digital también incrementa la exposición a ataques, accesos no autorizados y pérdida de información. 

Entre las amenazas más frecuentes se encuentran: 

• Phishing. 

• Ransomware. 

• Ataques de denegación de servicio. 

• Robo de credenciales. 

• Dispositivos sin actualizar. 

• Acceso no autorizado a redes Wi-Fi. 

• Vulnerabilidades en cámaras y sensores. 

• Configuraciones incorrectas. 

• Proveedores con controles insuficientes. 

Colombia adoptó una Estrategia Nacional de Seguridad Digital para el periodo 2025-2027, orientada a fortalecer la protección y resiliencia del ecosistema tecnológico. MinTIC señaló que el país enfrentó cerca de 36.000 millones de intentos de afectación durante 2024. 

Estos riesgos hacen necesario que las propiedades horizontales y entidades públicas incorporen la seguridad desde el diseño de sus sistemas. 

Medidas básicas de protección 

Una estrategia de seguridad puede incluir: 

• Segmentación de redes. 

• Contraseñas robustas. 

• Autenticación multifactor. 

• Actualización de equipos. 

• Copias de respaldo. 

• Cifrado. 

• Control de accesos. 

• Monitoreo de eventos. 

• Inventario de dispositivos. 

• Planes de respuesta a incidentes. 

• Capacitación de usuarios. 

La red de administración no debería ser la misma que la utilizada por visitantes, residentes o dispositivos de Internet de las cosas. 

Una cámara, un sensor o un equipo de control de acceso mal configurado puede convertirse en un punto de entrada hacia otros sistemas. 

Seguridad en las entidades públicas 

Las entidades públicas deben aplicar controles acordes con la Política de Gobierno Digital y con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información —MSPI—. 

Este modelo orienta la gestión de seguridad durante sus etapas de planeación, implementación, evaluación y mejora continua. También busca proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información. 

La seguridad no es una responsabilidad exclusiva del área de tecnología. Requiere la participación de la dirección, los responsables de los procesos, los proveedores y los usuarios. 

3. Protección de datos personales 

Las propiedades horizontales y las entidades públicas pueden recopilar información como: 

• Nombres y documentos. 

• Datos de contacto. 

• Registros de visitantes. 

• Imágenes de videovigilancia. 

• Datos biométricos. 

• Matrículas de vehículos. 

• Información de empleados. 

• Registros de acceso. 

En Colombia, la Ley 1581 de 2012 establece las disposiciones generales para la protección de datos personales. 

La Superintendencia de Industria y Comercio recuerda que las organizaciones que recolectan, administran o utilizan información personal deben cumplir los principios y obligaciones aplicables a su tratamiento. 

Por ello, la gestión de infraestructura debe considerar: 

• Autorizaciones cuando sean necesarias. 

• Avisos de privacidad. 

• Políticas de tratamiento. 

• Acceso restringido. 

• Tiempos de conservación. 

• Atención de consultas y reclamos. 

• Protección frente a pérdida o filtración. 

• Contratos con proveedores. 

Instalar cámaras o sistemas de control no elimina la obligación de proteger la información que generan. 

4. Cumplimiento normativo 

La infraestructura de telecomunicaciones en Colombia se encuentra regulada por diferentes normas nacionales y territoriales. 

La Ley 1341 de 2009 establece principios para el sector TIC y promueve el despliegue y uso eficiente de la infraestructura necesaria para prestar servicios de telecomunicaciones. 

El Decreto 1078 de 2015 reúne parte importante de la reglamentación del sector. 

Además, el Decreto 1031 de 2024 reglamentó un procedimiento único para la autorización del despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, con participación de las entidades territoriales y, cuando corresponda, de autoridades como MinTIC, Aeronáutica Civil y autoridades ambientales o urbanísticas. 

La CRC también mantiene un Código de Buenas Prácticas para orientar a alcaldías, operadores y demás interesados en un despliegue eficiente, ordenado y sostenible. Su versión más reciente fue publicada en diciembre de 2025. 

Dependiendo del proyecto, pueden requerirse revisiones relacionadas con: 

• Uso del suelo. 

• Licencias de construcción. 

• Ocupación del espacio público. 

• Protección ambiental. 

• Alturas. 

• Patrimonio cultural. 

• Seguridad estructural. 

• Redes internas. 

• Espectro radioeléctrico. 

• Propiedad horizontal. 

Las condiciones económicas de un contrato privado no son fijadas automáticamente por estas disposiciones. El canon y las demás obligaciones dependen del acuerdo entre las partes. 

5. Control de costos 

El mantenimiento de redes, equipos eléctricos, cámaras, controles de acceso y sistemas de respaldo puede representar un gasto considerable. 

Una copropiedad debe establecer prioridades para evitar que cada problema genere una cuota extraordinaria. 

Entre los costos que conviene revisar se encuentran: 

• Mantenimiento preventivo. 

• Licencias de software. 

• Conectividad. 

• Renovación de equipos. 

• Energía. 

• Copias de seguridad. 

• Servicios en la nube. 

• Personal especializado. 

• Ciberseguridad. 

• Seguros. 

• Atención de emergencias. 

En las entidades públicas, estas inversiones deben integrarse con la planeación institucional y la estrategia de tecnologías de la información. 

El Modelo de Gestión y Gobierno de TI de MinTIC señala que las entidades deben alinear sus necesidades tecnológicas con la estrategia institucional y gestionar áreas como sistemas, información, servicios tecnológicos y apropiación digital. 

Buenas prácticas para una gestión eficiente 

1. Realizar un inventario 

La administración debe saber qué infraestructura existe y quién es responsable de ella. 

El inventario puede incluir: 

• Equipos. 

• Marca y modelo. 

• Ubicación. 

• Fecha de instalación. 

• Propietario del equipo. 

• Proveedor. 

• Garantía. 

• Estado. 

• Dirección IP. 

• Contratos asociados. 

• Fecha de actualización. 

Sin un inventario resulta difícil planificar renovaciones o responder ante un incidente. 

2. Auditar periódicamente la infraestructura 

Las auditorías permiten identificar: 

• Equipos obsoletos. 

• Falta de cobertura. 

• Cableado desorganizado. 

• Vulnerabilidades. 

• Consumo excesivo. 

• Contratos vencidos. 

• Espacios ocupados sin autorización. 

• Sistemas sin respaldo. 

• Incumplimientos normativos. 

En las entidades públicas, las revisiones también deben evaluar la continuidad de los servicios y la protección de los activos de información. 

3. Separar las redes 

Una propiedad horizontal puede necesitar redes diferentes para: 

• Administración. 

• Vigilancia. 

• Control de accesos. 

• Visitantes. 

• Residentes. 

• Ascensores. 

• Sistemas de automatización. 

• Proveedores. 

La segmentación reduce el riesgo de que un problema afecte a todos los sistemas. 

4. Establecer responsabilidades 

Los contratos con proveedores deberían definir: 

• Alcance del servicio. 

• Niveles de atención. 

• Horarios. 

• Tiempos de respuesta. 

• Protección de datos. 

• Responsabilidad por incidentes. 

• Actualizaciones. 

• Propiedad de la información. 

• Terminación del servicio. 

• Entrega de configuraciones y respaldos. 

La copropiedad o entidad no debería depender completamente de una sola persona que conserve todas las claves o conocimientos técnicos. 

5. Capacitar al personal 

Administradores, vigilantes, funcionarios y usuarios deben conocer las prácticas básicas de seguridad. 

La capacitación puede abarcar: 

• Manejo de contraseñas. 

• Detección de mensajes fraudulentos. 

• Uso de redes públicas. 

• Reporte de incidentes. 

• Protección de equipos. 

• Tratamiento de datos. 

• Procedimientos de acceso. 

• Continuidad operativa. 

La seguridad tecnológica depende también de las personas. 

6. Planificar la renovación 

Los equipos tienen una vida útil limitada. 

La administración debe anticipar: 

• Fin del soporte. 

• Falta de actualizaciones. 

• Capacidad insuficiente. 

• Costos de mantenimiento. 

• Incompatibilidad con nuevas tecnologías. 

• Crecimiento del número de usuarios. 

Una renovación planificada suele ser menos costosa que una sustitución urgente después de una falla. 

Evaluación de contratos de antenas 

Cuando una propiedad horizontal o entidad tiene un contrato de arrendamiento relacionado con una antena, conviene conservar: 

• Contrato original. 

• Otrosíes. 

• Renovaciones. 

• Comprobantes de pago. 

• Autorizaciones. 

• Actas de asamblea. 

• Planos. 

• Registros de ingreso. 

• Información sobre energía. 

• Comunicaciones con el arrendatario. 

También deben revisarse: 

• Canon actual. 

• Mecanismos de ajuste. 

• Duración. 

• Prórrogas. 

• Terminación anticipada. 

• Cesión. 

• Compartición de infraestructura. 

• Espacio utilizado. 

• Responsabilidad por daños. 

• Retiro de equipos. 

El importe mensual no permite conocer por sí solo el valor del contrato. 

Pago periódico o capital por adelantado 

La copropiedad puede continuar recibiendo el canon conforme al contrato. 

Esta opción permite mantener un ingreso periódico, pero conserva riesgos relacionados con: 

• Terminación anticipada. 

• Falta de renovación. 

• Reducción del canon. 

• Cambios tecnológicos. 

• Reorganización de la red. 

• Incumplimientos. 

• Conflictos administrativos. 

Otra alternativa consiste en solicitar una valoración de los derechos económicos. 

Cuando el contrato resulta elegible, TIP puede presentar una propuesta de pago único. Después de la operación, asume la gestión y determinados riesgos asociados a los derechos adquiridos. 

No se trata de un crédito para la copropiedad. Por tanto, el capital no genera cuotas de devolución ni intereses bancarios frente a TIP. 

Antes de aceptar una propuesta deben revisarse las autorizaciones internas, las consecuencias tributarias, las condiciones contractuales y el destino de los recursos. 

El futuro de la gestión de infraestructura 

La administración de redes será cada vez más automatizada. 

Los sistemas modernos pueden ayudar a: 

• Detectar fallas. 

• Monitorear consumos. 

• Identificar dispositivos. 

• Analizar tráfico. 

• Generar alertas. 

• Programar mantenimiento. 

• Controlar accesos. 

• Optimizar recursos. 

La inteligencia artificial también puede apoyar el análisis y la detección de comportamientos anómalos. Sin embargo, su incorporación no elimina la necesidad de supervisión humana, controles de seguridad y protección de datos. 

Las ciudades inteligentes, los sensores y el Internet de las cosas aumentarán la cantidad de sistemas conectados. Esto exigirá una coordinación más estrecha entre copropiedades, entidades territoriales, operadores y proveedores. 

Conclusión 

La gestión de infraestructura de telecomunicaciones en propiedades horizontales y entidades públicas requiere planificación, seguridad y control. 

No se limita a instalar equipos o contratar internet. También comprende: 

• Modernización. 

• Mantenimiento. 

• Ciberseguridad. 

• Protección de datos. 

• Cumplimiento normativo. 

• Administración contractual. 

• Control financiero. 

• Capacitación. 

En las propiedades horizontales, una gestión adecuada puede mejorar los servicios, proteger los bienes comunes y facilitar la planificación de inversiones. 

En las entidades públicas, contribuye a mantener la continuidad de los servicios, proteger la información y fortalecer la relación con la ciudadanía. 

Cuando existe un contrato de arrendamiento asociado a una antena, el propietario puede continuar recibiendo el canon o evaluar la posibilidad de convertir los ingresos futuros en capital. 

Telecom Infrastructure Partners puede revisar el contrato de manera gratuita y sin compromiso. En caso de que cumpla los criterios necesarios, presenta una propuesta adaptada a sus condiciones. 

3. FUENTES:

1. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Actualización del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones —RITEL— y Código de Buenas Prácticas para el despliegue de infraestructura. https://www.crcom.gov.co/es/micrositios/ritel/reglamento

2. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Política de Gobierno Digital, Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y Estrategia Nacional de Seguridad Digital 2025-2027. https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/

3. Departamento Administrativo de la Función Pública. Ley 1341 de 2009, Decreto 1078 de 2015, Decreto 1031 de 2024 y Decreto 1060 de 2009 sobre infraestructura TIC y propiedad horizontal. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36913

4. Superintendencia de Industria y Comercio. Orientaciones y marco general de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

5. Telecom Infrastructure Partners. Información institucional sobre la valoración de contratos, los pagos únicos y las soluciones para propietarios y administradores de inmuebles. Telecom Infrastructure Partners